En una economía cada vez más electrodependiente, generar electricidad ya no es suficiente. La capacidad de transportarla, distribuirla y financiar su infraestructura de manera sostenible se está convirtiendo en uno de los factores determinantes de la competitividad y el crecimiento económico de los países.
Imaginemos una empresa con financiamiento, tecnología y mercado para construir una nueva fábrica, pero que no puede iniciar operaciones porque la red eléctrica carece de capacidad suficiente.
O un centro de datos que puede construirse en menos de tres años, pero cuya conexión depende de infraestructura que podría tardar mucho más tiempo en desarrollarse.
En ambos casos, la electricidad deja de ser simplemente un costo operativo y se convierte en una condición para materializar nuevas inversiones.
Esta realidad cobra especial importancia con el crecimiento de la inteligencia artificial, los centros de datos, la automatización industrial y la movilidad eléctrica.
Durante décadas, el debate energético se concentró en cómo generar suficiente electricidad a precios competitivos. Hoy debemos incorporar dos preguntas fundamentales:
- ¿Contamos con las redes necesarias para transportar y entregar esa electricidad donde y cuando se necesita?
- ¿Tenemos un modelo económico y financiero capaz de sostener, modernizar y expandir esas redes?
La respuesta es más compleja de lo que parece.
Por un lado, las limitaciones de transmisión y distribución pueden retrasar inversiones e impedir que se aprovechen plenamente los recursos energéticos disponibles. Por otro, las pérdidas comerciales, los subsidios mal estructurados y los desequilibrios financieros pueden restringir los recursos necesarios para desarrollar esa infraestructura.
Aunque tienen orígenes diferentes, ambas restricciones pueden reforzarse y convertirse en una barrera estructural para el desarrollo económico.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en producir más electricidad, sino en asegurar que pueda llegar a los consumidores mediante un sistema técnica y financieramente sostenible.
Para comprender mejor esta relación, comenzaremos examinando las restricciones físicas y financieras que enfrentan los sistemas eléctricos. Posteriormente, analizaremos cómo estas dinámicas se manifiestan en dos casos de estudio: República Dominicana y Panamá, dos mercados con realidades diferentes, pero con desafíos determinantes para la competitividad, las finanzas públicas y el bienestar de la población.
1. La electricidad como infraestructura estratégica
La electricidad siempre ha sido indispensable para el desarrollo industrial. Sin embargo, su importancia está alcanzando una nueva dimensión.
Una interrupción del suministro ya no significa únicamente que una fábrica detenga sus máquinas. También puede afectar transacciones financieras, telecomunicaciones, servicios hospitalarios, plataformas digitales y procesos automatizados.
A medida que las economías incorporan más tecnologías digitales, las consecuencias de un suministro insuficiente o poco confiable se multiplican.
Esta creciente dependencia también está transformando la manera en que debemos planificar y desarrollar los sistemas eléctricos.
1.1. Cuando las redes no avanzan al ritmo de la generación y la demanda
Durante los últimos años, la industria energética ha logrado avances extraordinarios en el desarrollo de nuevas tecnologías de generación, particularmente solar y eólica.
Sin embargo, mientras estas tecnologías pueden instalarse de forma modular y en plazos relativamente cortos, ampliar las redes necesarias para transportar y distribuir la electricidad suele requerir mucho más tiempo. Esta diferencia responde a varios factores:
- Tiempos prolongados de desarrollo: La planificación, los permisos ambientales, la obtención de derechos de paso y los procesos de construcción pueden extender significativamente los cronogramas.
- Cadenas de suministro bajo presión: Equipos esenciales, como transformadores de potencia y cables especializados, requieren plazos de fabricación y entrega cada vez más exigentes.
- Complejidad regulatoria: Como infraestructuras con características de monopolio natural, las redes necesitan marcos regulatorios estables que permitan recuperar inversiones de largo plazo.
- Restricciones financieras: Los rezagos tarifarios, los subsidios insuficientemente financiados y la falta de mecanismos adecuados para recuperar las inversiones pueden dificultar su modernización y expansión.
Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), más de 2,500 GW de proyectos de generación renovable, almacenamiento y nuevas cargas permanecen en colas de conexión eléctrica a escala mundial.
Además, mientras ciertas infraestructuras de red pueden requerir entre 5 y 15 años de desarrollo, un centro de datos puede construirse en apenas 1 a 3 años.
Este desfase introduce un cambio fundamental en la planificación energética: la disponibilidad física de electricidad, más que la capacidad total de generación instalada, puede determinar dónde y cuándo se materializan nuevas inversiones.
En otras palabras, no basta con producir electricidad a precios competitivos. También debemos garantizar que pueda entregarse oportunamente donde se necesita.
1.2. Curtailment: cuando existe energía, pero no puede aprovecharse
Chile representa uno de los ejemplos más ilustrativos de esta realidad en América Latina.
Su rápida expansión solar y eólica ha superado, en determinados puntos y horarios, la capacidad de transmisión y absorción del sistema.
Según cifras de ACERA recogidas en esta investigación, durante 2025 se registraron aproximadamente 6,084 GWh de vertimientos solares y eólicos, un 7.8 % más que en 2024.
Este fenómeno, conocido como curtailment o vertimiento, ocurre cuando una parte de la generación potencialmente disponible no puede inyectarse al sistema debido a restricciones técnicas, operativas o económicas.
Sus consecuencias van más allá del desaprovechamiento de energía. También puede reducir los ingresos de los generadores, afectar la rentabilidad de los proyectos y generar incertidumbre para nuevas inversiones.
El almacenamiento mediante baterías está ayudando a mitigar estas restricciones, permitiendo aprovechar energía en períodos de mayor demanda. Sin embargo, no sustituye completamente las necesidades de expansión y modernización de redes.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/07/bess-chile-almacenamiento-energia-mineria
La experiencia chilena demuestra que la generación, la transmisión, la distribución, el almacenamiento y la demanda deben desarrollarse de manera coordinada.
De lo contrario, un país puede disponer de abundantes recursos energéticos y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para aprovecharlos económicamente.
Pero las limitaciones de infraestructura no siempre tienen un origen físico. Existe otra restricción igualmente importante: la capacidad financiera para sostener las inversiones que requiere el sistema.
1.3. Pérdidas técnicas y no técnicas: cuando la electricidad no se convierte en ingresos
Las redes eléctricas son infraestructuras intensivas en capital, cuyas inversiones deben recuperarse durante períodos que pueden extenderse por décadas.
Su sostenibilidad depende de marcos regulatorios estables, mecanismos adecuados de recuperación de costos y, fundamentalmente, de que los ingresos se reciban oportunamente.
Cuando estos flujos resultan insuficientes o inciertos, se compromete la capacidad de mantener y expandir la infraestructura.
Uno de los principales desafíos en numerosos mercados son las pérdidas eléctricas, que pueden clasificarse en dos categorías:
- Pérdidas técnicas: Son inherentes al transporte y distribución de electricidad y responden a fenómenos físicos, como el efecto Joule y las pérdidas en transformadores. Aunque inevitables, pueden reducirse mediante inversiones, modernización de equipos y optimización de las redes. En sistemas modernos y eficientes, las pérdidas totales no deberían superar el 10% (como en Chile y Uruguay, donde se ubican en torno al 6–8%). Aunque inevitables, pueden mitigarse mediante inversión en redes y modernización operativa.
- Pérdidas no técnicas o comerciales: Comprenden la energía consumida que no se factura correctamente debido a conexiones ilegales, manipulación de medidores, errores de medición y deficiencias en los procesos comerciales.
A estas últimas se suma un problema distinto, pero igualmente importante: la falta de cobranza de la electricidad que sí ha sido facturada.
Para visualizar su impacto, imaginemos una distribuidora que compra 100 unidades de energía, pero únicamente consigue facturar 80 y cobrar una proporción todavía menor.
Aunque su tarifa de venta sea superior al precio de compra, puede enfrentar dificultades para recuperar sus costos.
Cuando estas ineficiencias persisten, sus consecuencias terminan siendo absorbidas por las empresas eléctricas, otros consumidores o el Estado.
Las pérdidas no técnicas y la falta persistente de pago pueden funcionar, en la práctica, como formas de subsidio implícito, aunque no constituyan necesariamente subsidios presupuestarios.
Cuando las pérdidas y la falta de cobranza alcanzan niveles elevados, dejan de ser simples problemas operativos y se convierten en restricciones estructurales para la sostenibilidad financiera del sector.
1.4. Los subsidios eléctricos: entre la protección social y la sostenibilidad financiera
Los subsidios eléctricos cumplen funciones sociales y económicas importantes. Permiten proteger a los hogares vulnerables, facilitar el acceso a la electricidad y amortiguar aumentos extraordinarios en los precios de la energía.
Por ello, el problema no es necesariamente su existencia, sino cómo se diseñan, a quién benefician y cómo se financian.
Un subsidio bien focalizado, transparente y respaldado por recursos suficientes puede ser perfectamente compatible con un sector eléctrico sostenible.
Las dificultades comienzan cuando los subsidios se generalizan, permanecen indefinidamente sin financiamiento adecuado o se utilizan para compensar ineficiencias estructurales que deberían corregirse.
Sus efectos pueden manifestarse de distintas maneras:
- Tarifas insuficientes: Cuando los ingresos tarifarios y las compensaciones no permiten recuperar los costos eficientes del servicio, se generan desequilibrios financieros.
- Retrasos en las transferencias: Cuando los subsidios comprometidos por el Estado no se pagan oportunamente, las empresas pueden enfrentar problemas de liquidez.
- Deterioro de la cadena de pagos: Las restricciones financieras de las distribuidoras pueden traducirse en retrasos a generadores y proveedores, incrementando el riesgo de contraparte.
- Mayor riesgo financiero y fiscal: La incertidumbre sobre la recuperación de ingresos puede elevar los costos de financiamiento y limitar nuevas inversiones, mientras las transferencias recurrentes presionan las finanzas públicas.
De esta manera, un mecanismo concebido para proteger al consumidor puede, cuando está mal diseñado o financiado, terminar debilitando la capacidad de inversión del sistema eléctrico.
1.5. El círculo vicioso: cuando las restricciones físicas y financieras se refuerzan
Las pérdidas eléctricas, los subsidios y las necesidades de inversión no son problemas independientes. Bajo determinadas condiciones pueden reforzarse mutuamente.
Cuando una parte significativa de la energía no se factura, los ingresos no se cobran o las compensaciones estatales llegan con retraso, las empresas pueden perder capacidad para invertir en mantenimiento y modernización.
La menor inversión puede deteriorar la eficiencia y confiabilidad de las redes, incrementando las pérdidas técnicas y los costos operativos.
A su vez, una calidad de servicio deficiente, combinada con debilidades institucionales y comerciales, puede dificultar la recuperación de ingresos y aumentar la dependencia de apoyos financieros.
Así se configura un círculo vicioso:
Sus efectos pueden trascender al sector eléctrico. Los recursos públicos destinados a compensar desequilibrios recurrentes pueden competir con inversiones en educación, salud, transporte e infraestructura.
Al mismo tiempo, las empresas que enfrentan un suministro poco confiable pueden verse obligadas a invertir en generación de respaldo, asumir costos adicionales o posponer nuevas inversiones.
Por eso, el problema eléctrico puede convertirse en un problema de productividad, competitividad y sostenibilidad fiscal.
Romper este círculo exige actuar simultáneamente sobre la modernización de las redes, la reducción de pérdidas, la eficiencia comercial, la calidad regulatoria y la focalización de los subsidios.
No estoy hablando de eliminar la protección social ni de trasladar indiscriminadamente los costos a los consumidores. Se trata de proteger mejor a quienes lo necesitan y garantizar que el sistema disponga de recursos suficientes para mantenerse y crecer.
Es precisamente aquí donde la modernización de las redes eléctricas y el fortalecimiento financiero del sector dejan de ser esfuerzos independientes para convertirse en dos componentes esenciales de una misma transformación.
Porque una sociedad cada vez más electrodependiente no puede construir su futuro sobre una infraestructura que carece de los recursos necesarios para mantenerse, modernizarse y crecer.
2. República Dominicana: un problema de dimensión macroeconómica
Las restricciones físicas y financieras del sector eléctrico adquieren especial relevancia cuando analizamos el caso de República Dominicana.
Durante las últimas décadas, el país ha registrado un crecimiento económico significativo y ha ampliado considerablemente su capacidad de generación. Sin embargo, estos avances han coexistido con problemas estructurales en la distribución eléctrica, caracterizados por pérdidas elevadas, dificultades de cobranza y una persistente dependencia de transferencias estatales.
Lo que inicialmente podría parecer un problema operativo del sector se ha convertido en un desafío de dimensión macroeconómica, con consecuencias para las finanzas públicas, la competitividad y la capacidad de inversión del país.
La magnitud del subsidio eléctrico
Las cifras permiten dimensionar la magnitud del desafío:
- Costo acumulado: Entre 2000 y 2025, República Dominicana destinó aproximadamente US$17,241 millones a subsidios eléctricos, equivalentes, en promedio, al 1.0% del PIB y al 25.3% del déficit fiscal anual del Gobierno Central. Para ponerlo en perspectiva, esta suma representa más de tres veces la inversión realizada en la ampliación del Canal de Panamá (US$5,250 millones). Solo durante la última década, los subsidios acumularon US$10,322 millones, casi el doble del costo de dicha ampliación.
- Tendencia creciente: El subsidio anual pasó de US$959 millones en 2021 a US$1,665 millones en 2025. Para 2026 se proyectan aproximadamente US$1,960 millones, frente a los US$1,580 millones aprobados inicialmente en el presupuesto. Para 2027 se contemplan US$1,934 millones, de los cuales alrededor del 45% correspondería a EdeEste. Solo durante el primer semestre de 2026, las transferencias alcanzaron US$960.4 millones, un incremento interanual del 40.2%. Entre los principales factores se encuentran las pérdidas cercanas al 40%, el congelamiento tarifario desde julio de 2022, el incremento de los costos de los combustibles y una mayor demanda de electricidad.
- Impacto económico: En junio de 2026, las distribuidoras compraron energía a un precio promedio de 15.58 centavos de dólar por kWh y la vendieron a 17.45 centavos por kWh facturado. Sin embargo, al recuperar económicamente el equivalente de apenas el 58% de la energía adquirida, el costo efectivo de compra por cada kWh recuperado ascendió a aproximadamente 26.9 centavos. Esto supone una brecha cercana al 35% respecto al precio promedio de venta, incluso antes de considerar otros costos operativos.
- Alcance de los subsidios: El congelamiento general de las tarifas desde 2022 beneficia a consumidores de diferentes niveles de ingreso. En junio de 2026, de aproximadamente 3.31 millones de clientes activos, solo 2.48 millones registraron pagos durante ese mes, dejando cerca de 828,000 clientes (25%) sin pagos registrados en el período. Por su parte, el programa focalizado Bono Luz, que cubre hasta 100 kWh mensuales, beneficiaba a unos 533,000 hogares en marzo de 2024.
Estas cifras reflejan un problema que va más allá del precio de la electricidad. Cuando una parte significativa de la energía suministrada no se recupera económicamente, las necesidades de financiamiento del sector aumentan y terminan trasladándose, directa o indirectamente, a las finanzas públicas.
El resultado es un círculo difícil de romper: las pérdidas debilitan las finanzas de las distribuidoras, la falta de recursos limita las inversiones necesarias para mejorar las redes y las deficiencias operativas contribuyen a perpetuar los desequilibrios.
La comparación con la ampliación del Canal de Panamá permite visualizar el costo de oportunidad de estos recursos. Mientras una inversión de infraestructura puede crear capacidad productiva y generar ingresos durante décadas, los subsidios destinados a cubrir déficits recurrentes permiten sostener el funcionamiento del sistema, pero no necesariamente corrigen las causas de su deterioro.
La solución, por tanto, no consiste únicamente en ajustar las tarifas o ampliar la generación. Requiere actuar simultáneamente sobre las pérdidas, la medición, la cobranza, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la focalización de los subsidios.
El verdadero desafío es transformar recursos que hoy financian déficits recurrentes en inversiones y mejoras capaces de reducir esos déficits en el futuro.
3. Panamá: subsidios de estabilización y calidad del servicio
Panamá presenta una realidad diferente a la dominicana, aunque comparte desafíos relacionados con la sostenibilidad financiera, la inversión en infraestructura y la confiabilidad del suministro eléctrico.
Su mercado cuenta con separación de actividades, empresas distribuidoras reguladas y mecanismos específicos para estabilizar las tarifas que pagan los consumidores.
A diferencia de República Dominicana, los subsidios panameños no responden necesariamente a los mismos desequilibrios comerciales. Su función principal ha sido amortiguar el impacto de las variaciones de costos sobre las tarifas, aunque también plantean interrogantes sobre su sostenibilidad fiscal, focalización y efectos a largo plazo.
La magnitud del subsidio eléctrico
- Costo acumulado: Según datos de ASEP, entre 2010 y diciembre de 2024 los subsidios eléctricos sumaron aproximadamente US$2,552 millones. Al ampliar el período de análisis desde 2004, el monto acumulado se aproxima a US$3,300 millones.
- Evolución reciente: Las cifras reportadas muestran US$137.3 millones en 2024 y US$274.1 millones en 2025, con aproximadamente US$188 millones previstos para 2026 mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y el Fondo Tarifario de Occidente (FTO). Estas necesidades responden, entre otros factores, a variaciones en los costos de combustibles, crecimiento de la demanda y condiciones hidrológicas desfavorables.
- Impacto sobre las tarifas: En enero de 2026, el precio promedio de electricidad fue de 20.82 centavos de dólar por kWh, mientras que el precio después de subsidios se situó alrededor de 19.12 centavos por kWh.
- Cobertura: En 2024, aproximadamente el 48.49% de los clientes recibió algún subsidio incorporado en su tarifa, por un monto de US$57.18 millones. Durante el segundo semestre de 2025, el FET benefició a unos 930,000 clientes con consumos de hasta 300 kWh mensuales.
Las cifras corresponden a los conceptos y períodos reportados por sus respectivas fuentes; los montos presupuestarios, autorizados y efectivamente pagados no siempre son directamente comparables.
Estos mecanismos han contribuido a proteger a los consumidores y ofrecer mayor estabilidad frente a las fluctuaciones de costos. Sin embargo, también requieren evaluar continuamente su eficiencia, focalización y sostenibilidad fiscal.
Al mismo tiempo, Panamá enfrenta necesidades importantes de expansión y modernización de su infraestructura eléctrica. Entre ellas destacan el desarrollo de la cuarta línea de transmisión, cuyo proyecto ha enfrentado retrasos, y la interconexión eléctrica con Colombia, que aún no se ha materializado.
Estas inversiones resultan relevantes para incrementar la capacidad de transporte, mejorar la flexibilidad operativa y facilitar el aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles.
No obstante, la expansión de la transmisión debe acompañarse de mejoras en distribución, donde persisten diferencias importantes en la calidad del servicio, especialmente entre zonas urbanas y rurales.
En consecuencia, aunque República Dominicana y Panamá presentan estructuras de mercado y problemas diferentes, ambos casos conducen a una misma reflexión:
La sostenibilidad eléctrica no depende solamente de mantener tarifas asequibles, sino de garantizar que los recursos disponibles permitan operar, mantener y desarrollar la infraestructura que necesita la economía.
Mientras República Dominicana enfrenta el desafío de reducir pérdidas y recuperar la sostenibilidad financiera de sus distribuidoras, Panamá debe procurar que sus mecanismos de estabilización tarifaria sean compatibles con las inversiones y los estándares de calidad requeridos a largo plazo.
4. Soluciones y recomendaciones: hacia sistemas eléctricos sostenibles
Los casos de República Dominicana y Panamá muestran que, aunque los desafíos eléctricos pueden tener orígenes diferentes, sus consecuencias terminan convergiendo en tres aspectos fundamentales: la sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y la capacidad de atraer nuevas inversiones.
Superar estas limitaciones exige mucho más que construir nuevas centrales de generación, ampliar las redes o modificar las tarifas. Requiere abordar de manera coordinada la infraestructura, el financiamiento, la tecnología, la regulación y la protección social.
A partir de este análisis, propongo cinco líneas de acción prioritarias.
4.1. Transformar los subsidios: proteger mejor y financiar de manera sostenible
Los subsidios deben preservar su función social, pero procurando que los recursos públicos lleguen prioritariamente a quienes realmente los necesitan.
Para lograrlo, es importante avanzar hacia mecanismos de focalización basados en las condiciones socioeconómicas de los hogares, en lugar de depender exclusivamente de sus niveles de consumo eléctrico. La experiencia argentina con registros de beneficiarios y criterios patrimoniales ofrece una referencia para evaluar este enfoque.
Sin embargo, focalizar mejor no es suficiente. También es fundamental garantizar que los recursos comprometidos estén disponibles oportunamente. Instrumentos como fideicomisos prefinanciados, con desembolsos vinculados a liquidaciones regulatorias, podrían reducir los atrasos que afectan la liquidez de las distribuidoras y la cadena de pagos del sector.
Estas medidas pueden complementarse con ajustes tarifarios graduales y previsibles, acompañados de transferencias directas a los hogares vulnerables cuando existan mecanismos confiables para identificarlos.
El objetivo no debe ser subsidiar indiscriminadamente el consumo eléctrico, sino proteger eficazmente a quienes necesitan apoyo, sin comprometer la sostenibilidad del sistema.
4.2. Fortalecer el financiamiento y acelerar la expansión de las redes
La modernización de las redes requiere inversiones significativas, cuyos costos se recuperan durante décadas. Por ello, resulta indispensable contar con mecanismos financieros y regulatorios que permitan movilizar capital y distribuir adecuadamente los riesgos.
Las asociaciones público-privadas (APP), los modelos de construcción, operación y transferencia (BOT), los pagos por disponibilidad y las garantías multilaterales ofrecen alternativas para desarrollar infraestructura estratégica.
Asimismo, el financiamiento combinado (blended finance), con participación de instituciones como el BID, el Banco Mundial, IFC y CAF, puede facilitar proyectos que enfrentan mayores restricciones de financiamiento.
Pero disponer de recursos no garantiza que los proyectos se ejecuten oportunamente. La experiencia de iniciativas como la cuarta línea de transmisión de Panamá demuestra la importancia de anticipar los desafíos relacionados con permisos, derechos de paso y aspectos ambientales y sociales.
En paralelo, los marcos regulatorios deberían evaluar mecanismos que reconozcan las inversiones anticipatorias eficientes, permitiendo desarrollar infraestructura antes de que las restricciones de capacidad se conviertan en obstáculos para nuevas actividades económicas.
En una economía cada vez más electrodependiente, esperar a que la demanda supere la capacidad disponible puede resultar considerablemente más costoso que planificar oportunamente su expansión.
4.3. Aprovechar mejor la infraestructura existente mediante tecnología
No todas las restricciones eléctricas requieren construir inmediatamente nuevas líneas de transmisión. En muchos casos, la tecnología permite obtener una mayor capacidad y eficiencia de las instalaciones existentes.
Soluciones como la medición dinámica de capacidad de las líneas, la optimización de la topología de las redes y el control avanzado de flujos pueden mejorar la utilización de la infraestructura disponible.
Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA), estas tecnologías podrían facilitar la conexión de hasta 330 GW adicionales de proyectos, sin requerir necesariamente grandes ampliaciones convencionales.
También existen oportunidades mediante la reconductorización, la repotenciación de instalaciones y la incorporación de sistemas de almacenamiento. En Chile, por ejemplo, las baterías contribuyeron a aprovechar aproximadamente 2 TWh de energía durante 2025, reduciendo el vertimiento renovable.
A estas soluciones se suma la digitalización de la distribución. La medición inteligente, el análisis de datos y la automatización de procesos comerciales pueden contribuir a detectar irregularidades, reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio.
Modernizar el sistema eléctrico no significa únicamente construir más infraestructura, sino también aprovechar mejor la que ya tenemos.
4.4. Incorporar flexibilidad de la demanda y fortalecer la integración regional
Tradicionalmente, los sistemas eléctricos han buscado adaptar la generación a las variaciones del consumo. Sin embargo, las nuevas tecnologías también permiten actuar sobre la demanda para mejorar la eficiencia del sistema.
Las tarifas horarias, los programas de respuesta de la demanda y la automatización de cargas pueden desplazar parte del consumo hacia períodos de mayor disponibilidad de energía, reducir la congestión y facilitar la integración de fuentes renovables.
Según estimaciones de la IEA, determinadas medidas de flexibilidad podrían reducir el vertimiento renovable en más de un 25% hacia 2030, dependiendo de las condiciones de cada mercado.
La integración regional representa otra oportunidad importante para aprovechar las complementariedades entre sistemas eléctricos.
En Centroamérica, fortalecer el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y ampliar las oportunidades de intercambio permitiría utilizar mejor los recursos energéticos regionales.
Para Panamá, la interconexión con Colombia podría diversificar las opciones de suministro y fortalecer la seguridad energética, particularmente durante períodos hidrológicos desfavorables. Su materialización, sin embargo, requiere resolver adecuadamente los desafíos técnicos, ambientales y sociales, incluyendo los procesos de consulta con las comunidades involucradas.
En definitiva, la flexibilidad y la integración permiten aprovechar mejor tanto la infraestructura como los recursos energéticos disponibles, reduciendo la necesidad de depender exclusivamente de nuevas inversiones en generación.
4.5. Fortalecer la gobernanza y ejecutar reformas adaptadas a cada mercado
Ninguna transformación será sostenible sin instituciones sólidas, reglas claras y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La independencia técnica de los reguladores, la transparencia de las obligaciones financieras y la previsibilidad de los mecanismos tarifarios son condiciones fundamentales para reducir la incertidumbre y atraer inversiones.
En particular, publicar periódicamente las obligaciones pendientes del Estado con las empresas eléctricas y establecer mecanismos claros para su reconocimiento y pago contribuiría a mejorar la disciplina financiera del sector.
No obstante, tan importante como definir las reformas es establecer las prioridades y la secuencia de su implementación.
En República Dominicana, el esfuerzo debe concentrarse en reducir las pérdidas, fortalecer la medición y la cobranza, mejorar la eficiencia operativa y elevar la calidad del servicio. Estos avances deben acompañarse de inversiones sostenidas y mecanismos de protección social que permitan recuperar gradualmente la sostenibilidad financiera de las distribuidoras.
En Panamá, la prioridad consiste en asegurar que los mecanismos de estabilización tarifaria sean compatibles con la sostenibilidad fiscal y con las inversiones necesarias para mejorar la calidad del suministro. Esto exige atender tanto las restricciones de transmisión como las necesidades de modernización de las redes de distribución.
En ambos mercados, modificar las tarifas sin corregir las ineficiencias operativas, regulatorias e institucionales difícilmente resolverá los problemas de fondo.
La transformación debe comenzar por corregir las causas estructurales, no limitarse a financiar sus consecuencias.
5. Conclusiones
La electrificación de la economía, la inteligencia artificial, los centros de datos y la automatización industrial están transformando el papel de la electricidad en el desarrollo económico.
En este nuevo escenario, contar con energía suficiente y competitiva es indispensable, pero ya no garantiza por sí solo que un país pueda aprovechar las oportunidades de crecimiento.
Como hemos visto, la capacidad de transportar y distribuir electricidad, así como de financiar sosteniblemente esa infraestructura, puede resultar tan determinante como la propia generación.
Los casos de República Dominicana y Panamá permiten comprender esta relación desde perspectivas diferentes.
República Dominicana evidencia cómo las pérdidas persistentes, las deficiencias comerciales y la dependencia de transferencias estatales pueden transformar un problema sectorial en una carga macroeconómica que consume recursos públicos durante décadas.
Panamá, bajo una estructura de mercado diferente, demuestra que los mecanismos de protección tarifaria también deben evaluarse considerando su sostenibilidad fiscal y las inversiones necesarias para garantizar un servicio confiable.
De este análisis surgen tres conclusiones fundamentales:
- Generar más electricidad no garantiza que podamos aprovecharla. La expansión de la transmisión, la distribución y las conexiones debe avanzar de manera coordinada con el crecimiento de la generación y la demanda.
- Los subsidios no sustituyen la corrección de ineficiencias. La protección social debe focalizarse sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la calidad del servicio.
- La transformación energética debe traducirse en desarrollo. Su éxito no depende únicamente de los megavatios instalados o del precio de la electricidad, sino también de la confiabilidad, la eficiencia y su contribución a la productividad y el bienestar social.
En definitiva, la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento financiero del sector eléctrico forman parte de una misma transformación. No es posible avanzar sostenidamente en una sin atender la otra.
El verdadero desafío de las próximas décadas no será simplemente producir más electricidad, sino construir sistemas capaces de convertir los recursos energéticos en mayores oportunidades de inversión, competitividad y bienestar para la sociedad.
Y aquí surge una pregunta que considero fundamental:
¿Estamos invirtiendo lo suficiente en construir el sistema eléctrico que necesitaremos mañana, o seguimos destinando demasiados recursos a compensar las ineficiencias del pasado?
Referencias
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Subsidio eléctrico absorbió US$10,322 millones en 10 años. https://eldinero.com.do/315486/subsidio-electrico-absorbio-us10322-millones-en-10-anos/
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